Por María Azul — corresponsal de El Aromo
El 4 de febrero de 2026, un efectivo de la Policía Federal Argentina se esposó en las rejas de la Casa Rosada para reclamar mejoras en las condiciones de empleo de las fuerzas de seguridad. El gesto desesperado visibilizó una crisis silenciada.
La crisis salarial
Los auxiliares de la PFA perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. La inflación acumulada de los últimos años devoró el poder adquisitivo de los efectivos de menor rango, mientras la cúpula de las fuerzas acumula beneficios y sobresueldos. Un auxiliar con antigüedad de cinco años gana, en términos reales, menos que en 2015.
Corrupción y silencio
Las denuncias contra el Comisario Farías por irregularidades en la distribución de adicionales llevan meses sin resolverse. Los mecanismos internos de control son capturados por los mismos jefes que deben ser investigados. Quienes denuncian enfrentan represalias administrativas.
La crisis del sistema de salud
El plan de salud Churruca-Visca, que atiende a los efectivos y sus familias, está en estado de colapso. Demoras de meses en turnos especializados, falta de insumos básicos y cierre de prestadores son moneda corriente. Los trabajadores de las fuerzas pagan una cuota que no cubre las prestaciones prometidas.
Una ola de suicidios
Desde diciembre de 2025 se registra un aumento alarmante de suicidios entre personal de las fuerzas de seguridad. El fenómeno, minimizado por las autoridades, expresa el nivel de desesperación de efectivos que no tienen acceso a asistencia psicológica ni canales legítimos de protesta.
El derecho a la organización negado
Los trabajadores de las fuerzas de seguridad tienen vedado el derecho a la sindicalización y la huelga. Esto los condena a la acción individual y desesperada —encadenarse a una reja— como único recurso visible. Las protestas en Rosario, CABA y Entre Ríos muestran que la crisis es nacional, pero la represión de cualquier organización colectiva garantiza que no pueda articularse en un movimiento.