La libertad para elegir no existe
Desde fines del 2025, el gobierno nacional dio a conocer su propuesta de una nueva ley educativa para reemplazar a la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006. Ya su nombre anticipa la filosofía: Ley de Libertad Educativa. Desde que se conoció, distintas personalidades defendieron su necesidad. Centralmente, sostuvieron que se buscaba colocar a las familias en el centro del sistema educativo. Suponen que solo así lograrían elegir libremente la escuela a la que envían a sus hijos. Dentro de sus fundamentos sostienen que, para elegir, deberán contar con información fehaciente sobre los resultados y rendimientos de cada una de las escuelas. Porque si quieren orientar la educación de su prole, deber natural y primario, deben conocer las métricas. En este cuadro, el Estado solo debe respetar y proteger esa elección y ese derecho “natural” respetando la autonomía familiar. Por eso, cuestionan que el Estado y la ley educativa que se pretende derogar, por el secreto estadístico de las pruebas de evaluación, excluye del debate público información esencial: si los alumnos aprenden o no en la escuela a la que concurren.
